El porque es necesario una figura jurídica para alquilar en Venezuela — 2023

Chávez y sus soluciones para vivienda 

Durante la gestión de gobierno de Hugo Chávez se hicieron muchas aproximaciones para dar la posibilidad y derecho a la vivienda justa a los venezolanos, como la Gran Misión Vivienda y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios. El gobierno quería hacer ver que los arrendadores no tenían compromiso social, e hizo mucho énfasis en hacerlos ver como un grupo de oligarcas y rentistas. 

El problema fue tal que la ley puso todo en favor y protección de los arrendatarios (prohibición de los desalojos a persona natural, imposibilidad de aumentar el canon de arrendamiento, y desentendimiento con los daños causados en la propiedad por parte de los inquilinos) dejando poco o nada en favor de los propietarios, haciéndolos más cautelosos con respecto a como realizar los alquileres, o de llegar a la decisión de retirar sus inmuebles del mercado inmobiliario hasta que la ley cambie.

Luego el gobierno también introdujo otro órgano supervisor y burocrático el cual es el SUNAVI (Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda) por medio de cual también introducen el SAVIL (Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea) una plataforma por medio de la que los inquilinos pueden pagar los alquileres, que antes cancelaban en los tribunales. Haciendo de intermediarios, y llevando el control de las operaciones de arrendamiento, pero este aparato es visto como perjudicial a los arrendadores; porque tanto arrendadores como arrendatarios quedan sometidos a un registro y control del SAVIL que se maneja muy lentamente por falta de personal suficiente para la cantidad de demanda que hay, por la gran cantidad de expedientes.

El porque de la persona jurídica 

El Tribunal Supremo de Justicia (T.S.J.), para aliviar un poco la situación ha generado algunas sentencias que han facilitado la relación inquilinaria, admitiendo para ello que en la contratación a través de las personas jurídicas, siendo una figura mercantil, están exentas de la regulación civil, y mediante la sentencia en la cual se señala que siendo el arrendatario titular de una viviendo principal no puede invocar la protección de una persona carente de vivienda. Es por esto también que se busca que las compañías o empresas en la que trabajan los arrendatarios sean las que figuren como contratantes para sus empleados.

La necesidad de un 'Plan Cayapa' para las decisiones de Amparo para los propietarios sin acceso

Hay necesidad de un Plan Cayapa para que el SUNAVI decida todos los procesos que se encuentras flotantes y que puedan poner fin a la situación de injusticia que viven los propietarios de los cuales algunos ni siquiera pueden tener acceso al inmueble. Muchos propietarios se han visto afectados por la diáspora porque los inquilinos incluso desocuparon el inmueble y sin devolver la llave, y hay edificios en los que se les impide el acceso a su propiedad.

Las nuevas medidas de aumentos del canon a través del SAVIL

Hay propietarios incluso más lamentable porque son personas de la tercera edad, cuya esperanza de ingreso era ser un pequeño arrendatario y ver aliviada su situación económica del alquiler de una pequeña propiedad, se ha visto mermada por las devaluaciones sucesivas a tal punto que hoy día para asombro de todos, se les depositan cantidades de 10 Bolívares mensuales que eran 10.000 Bolívares hace 10 años, y hoy no constituye sino una exigua esperanza de justicia, que la intervención ponderada de la mano del Estado le devuelva la posibilidad de una existencia digna, a través de la actualización del canon de arrendamiento.

... que consignan en el Sistema #SAVIL, esta acción está avalada por cientos de usuarios del sistema, conscientes de la situación económica actual. Además de evaluar de forma conjunta las mejoras que deben hacerse en este mecanismo de pago, a fin de brindar respuesta y protección pic.twitter.com/Flc0xDovk2

— SUNAVI (@sunavi_oficial) March 15, 2023

La Policía dando apoyo a los propietarios con inmuebles desvalijados

Anteriormente en la ley había una prohibición de la intervención de la Fiscalía del Ministerio Público y de los Órganos Policiales en los casos inquilinarios. No solo en la materia de cumplimiento del pago de cánones de alquiler de los cuales remitían directamente al SUNAVI. Más grave la situación aún, es para aquellos arrendatarios que han visto desvalijada y destruida sus propiedades encontrándose que al acudir a la jurisdicción respectiva, que ellos no podían tomar medidas, intervenir, o acceder al inmueble porque la ley describe que no pueden introducir medidas cautelares. 

Algo de lo que alivió un poco fue la intervención de los Consejos Comunales y Juntas de Condominio, que al ver afectada tanto la propiedad individual como colectiva, sumaban sus oficios para ayudar al arrendador afectado llevando las quejas a la fiscalía y la Oficina de Protección de los Derecho Humanos, quienes han sido unos verdaderos Héroes en auxiliar a los propietarios.

Otros órganos que por razones de integridad física de la comunidad también han auxiliado o han prestado su apoyo, han sido los Cuerpos de Bomberos en situaciones que constituyan un riesgo para el colectivo, como fugas de gas en inmuebles abandonados, usos indebidos, y derrames de tuberías rotas en inmuebles de los cuales no hay acceso.

Porque se exige el mes de depósito en las condiciones de arrendamiento 

Lamentablemente, encontrándose los arrendadores sin un mecanismo expedito que le permita lo resarcir los daños generados por el mal uso de una propiedad, no le queda otra alternativa, que dependiendo del equipamiento del inmueble deba exigir un depósito suficiente para cubrir algún daño emergente del uso de la propiedad.

También existe la inconformidad por parte del arrendatario, de la negativa o excusa de algunos propietarios de devolver dicho depósito al final de la relación. En la 'Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios', prohíbe la exigencia de depósito, razón aún más de peso por la cual los propietarios entonces exijan una persona jurídica para el arrendamiento, previendo con esto una solvencia que se ha generado por la realidad de la inflación. Actuando como un seguro ante un posible incumplimiento con la solvencia del canon de arrendamiento.

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